martes, 28 de octubre de 2008

Hacienda investiga 130 cheques con los que se abonaron 2,5 millones en cuentas de Fabra

LAS PROVINCIAS
Los dos peritos judiciales encargados de estudiar las cuentas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han empezado ya a analizar los "soportes documentales de los ingresos por cheque" realizados en las cuentas del líder del PP provincial o en los de sus más allegados -su esposa, sus hijos, la cuenta de su asesoría Carmacas y la empresa fitosanitaria que cofundó su esposa, Artemis 2.000-. Unos cheques que se abonaron entre 1999 y el año 2004 y que, según fuentes de la investigación, suman un total de 2,5 millones de euros.
Ahora, ambos expertos fiscales, Conrado Caviro y Javier Rubio, tratarán de determinar el origen de dichos movimientos y procederán a la "identificación de las personas que solicitaron su emisión o de los titulares de las cuentas contra los que se libraron", según consta en los autos del juzgado de Nules en los que se ordenaba a 23 entidades financieras de distintas provincias facilitar a la Fiscalía dicha documentación contable.
De hecho, los agentes que hace casi un mes se personaron en estos bancos, principalmente de la provincia de Castellón, identificaron, además de a los titulares e intervinientes en las operaciones bancarias, a los propios contables de la entidad, por si se producía alguna coincidencia sospechosa.
Así, además de rastrear la procedencia los casi dos millones de euros -1.957.000- que se abonaron en cerca de 250 ingresos en efectivo en las cuentas de las mismas cinco personas, los dos contables han iniciado ya las pesquisas para determinar el origen de otros casi 130 depósitos más realizados en cheque. Entre efectivo y cheques suman alrededor de 380 abonos y 4,5 millones de euros.
Entre los ingresos más elevados figura uno de hasta 240.000 euros en noviembre del 2004, al parecer derivados de la venta de un inmueble, aunque también hay otros abonos en cheque de 20.000 euros; 24.000; 36.000; 60.000 y 111.692 euros en diferentes fechas y cuyo origen también tratan de determinar los expertos de Hacienda.
El objetivo de todas estas diligencias y pesquisas contables es esclarecer si Fabra formó parte de una trama para agilizar productos fitosanitarios ante los ministerios en la época del presidente José María Aznar y cobró por ello, tal como asegura el gerente de Naranjax, Vicente Vilar, ahora en prisión.
El líder de los populares castellonenses, que figura como imputado por supuestos delitos contra la Administración Pública, falsedad documental y presunto fraude fiscal en el ejercicio de 1999, ha venido insistiendo en que de sus actas de Hacienda y las de su mujer no se deriva ningún delito fiscal, por lo que denunció que los únicos que le acusan son los partidos de la oposición.
Con todo, los peritos de Hacienda pretenden aclarar si gracias a esas gestiones Fabra se enriqueció. Por ello, tal como determinó la Audiencia Provincial, la juez instructora del denominado caso Fabra ordenó investigar no sólo las cuentas del político popular --que es titular de 19 y cotitular de 94, algunas de ellas por razón de sus cargos públicos-, sino la de su familia directa, esposa e hijos, y sus empresas.
Lotería
Claro está, entre los cheques cuya procedencia han querido investigar los peritos judiciales adscritos a la investigación también figuran los ingresos derivados de los premios de la lotería. El presidente de la Diputación de Castellón ingresó tres el 11 de octubre del año 2000: uno por valor de 1.150.712 de las antiguas pesetas, otro por 16.330.323 pesetas y otro de 602.457 pesetas. Cabe recordar que Fabra volvió a ganar un premio de lotería las pasadas navidades.
La investigación comenzó en 2003, hace ya cinco años, y las diversas causas que se instruyen están adscritas a los juzgados de instrucción número 1 y 2 de Nules. Todas ellas están en fase previa, o de instrucción, y sus avances son muy lentos a causa de los continuos cambios de jueces y fiscales y la falta de personal. El origen de la investigación deriva de las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar contra el presidente de la Diputación.