Anticorrupción investiga 28 facturas por 429.878 euros de empresas para Fabra

J. Antequera, Castelló LEVANTE

La Fiscalía Anticorrupción sigue la pista de una treintena de facturas por un importe de 429.878 euros (unos 71,5 millones de pesetas) que empresas de Castelló libraron, entre 2001 y 2003, a nombre de Carmacas SL, la asesoría jurídica del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, según informaron fuentes judiciales. Las facturas han quedado registradas en el diario contable de Carmacas, que está siendo para los inspectores de Hacienda asignados al caso un auténtico banco de datos sobre la actividad empresarial del presidente castellonense. Los expertos de la Fiscalía se centran ahora en averiguar en qué concepto ingresó Fabra tales cantidades millonarias. La documentación que obra en poder de los peritos recoge al menos 28 facturas libradas a nombre de Carmacas entre los años 2001 y 2003. Al menos cinco empresarios de la provincia habrían realizado pagos a la asesoría jurídica de Carlos Fabra, quien en su declaración como imputado ante la juez de Nules aseguró que los ingresos se debieron a informes técnicos que elaboró para empresas privadas. En algunas ocasiones, estos informes que Fabra realizaba estaban copiados de Internet, según ha informado Levante de Castelló en pasadas ediciones.En el año 2001, Cottocer firmó 3 facturas por 13.943 euros a Carmacas, que se recogen en el balance de la asesoría. Además, la azulejera giró otras tres facturas en el año 2002 y cuatro más en el ejercicio siguiente. En total, 140.000 euros. Otra empresa que tuvo negocios con Carmacas fue Tirado Asociados. Esta sociedad libró 5 facturas entre julio del año 2001 y enero de 2003. El importe total de las transacciones económicas se eleva a 9.321 euros.Fuentes de ingresosDurante esos años otra gran fuente de ingresos para Carlos Fabra fue la Unión de Mutuas, tal y como se recoge en el diario contable de Carmacas. Esta entidad pagó, mediante 9 facturas, 106.897 euros en concepto de honorarios profesionales del presidente de la diputación, que ha venido compatibilizando su cargo político con el trabajo como profesional de los seguros y del Derecho. Otra de las firmas que aparece en el "haber y debe" de Carmacas es Libel XXI, que libró 2 facturas importantes (una por 60.000 euros y otra más por 30.000) entre marzo y agosto del año 2001.La lista de empresas pagadoras de Carmacas se completa con Naranjax SL, la sociedad del industrial Vicente Vilar. En este caso, el diario contable de Carmacas recoge 2 facturas "a cobrar" de esta sociedad por importe de 83.660 euros (unos 15 millones de pesetas). Vilar es el industrial que a finales del año 2003 se querelló contra Carlos Fabra y le acusó de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos.Además, el libro de contabilidad de la asesoría del líder provincial del PP refleja un saldo pendiente de 27.000 euros que la empresa Artemis 2000 le debe a Carmacas. Artemis es la empresa que fundaron, al cincuenta por ciento, María Amparo Fernández y Motserrat Vives, en aquellas fechas esposas de Fabra y Vilar, respectivamente, para canalizar las licencias de comercialización de un largo elenco de productos insecticidas agrícolas. En sus declaraciones como imputado, Vilar ha confesado que Fabra medió por estos productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de lograr los permisos oportunos y agilizar la venta al máximo.Informe antes de NavidadToda la documentación está en manos de los peritos de Anticorrupción, que trabajan para ultimar la prueba pericial sobre las cuentas de Fabra y su familia. Los investigadores pretenden entregar este informe en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye las diligencias, antes de Navidad.Fabra y otros seis ex altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública. El presidente de la diputación figura como imputado, además, en un delito de fraude fiscal, al haber dejado de declarar en el IRPF del año 99 supuestos ingresos sin justificar por 600.000 euros.

Fabra pagó grandes sumas de dinero al grupo que acosa al abogado que lleva su acusación

JORDI RUIZ

El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquel que cuestione al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándoleo a participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer este periódico. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la Diputación de Castellón en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes.Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación.Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia. A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre el canal digital envió a Castellón a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de La Sexta "Caiga quien Caiga" preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera.

La policía aborta un montaje para coaccionar al abogado de la acusación a Fabra

Francesc Arabí. LEVANTE EMV

ValenciaSi el episodio formara parte del guión de un thriller no faltarían críticas a una trama que podría pecar de falta de verosimilitud por exagerada. Pero la realidad, a menudo, supera la ficción. Sucedió ayer en la cafetería del hotel Valencia Palace, antes de las diez de la mañana. Dos agentes del grupo de delitos económicos de la policía judicial procedieron a identificar y detener a dos personas que se habían hecho pasar por empresarios para, supuestamente, tender una trampa al letrado José Luis Vera, cuyo despacho representa a la Unión de Consumidores de España (UCE), que lleva la acusación en el caso Fabra. El abogado, que fue magistrado en la Audiencia Provincial, presentó ayer tarde una denuncia por posibles delitos de «amenazas, coacciones y revelación de secretos de su intimidad» contra los dos falsos industriales, que, al ser identificados por la policía, mostraron un carné de prensa de Intereconomía, grupo mediático ultraconservador. Los agentes los trasladaron del hotel a la comisaría, donde prestaron declaración. Al no constar en esos momentos denuncia judicial, los dos supuestos empleados de Intereconomía no fueron detenidos ni pasaron a disposición judicial. La policía se incautó de un ordenador portátil, una agenda grabadora, que podría llevar incorporada una cámara oculta, así como un anillo de diamantes. Un regalo º que quien se hizo pasar por gerente de la falsa empresa ofreció al abogado como «detalle» para su mujer y que el letrado rechazó tajantemente, antes de avisar a la policía -que vigilaba la escena- del cariz que estaba tomando el asunto, lo cual motivó la intervención de los agentes, que reventaron el montaje contra el que habían preparado un dispositivo la noche anterior al ser alertados por el propio José Luis Vera. La policía devolvió después el material a los presuntos periodistas, según fuentes de la investigación. Se da la circunstancia de que el pasado 13 de septiembre cuatro personas adscritas a informativos de Intereconomía TV protagonizaron un escándalo al complicarle la vida, tras un pleno de la Diputación de Castelló, a una reportera del Caiga quien Caiga, de La Sexta, para evitar que preguntase a Carlos Fabra por la causa que tiene abierta desde hace cinco años en el juzgado de Nules por varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. El rocambolesco capítulo de los presuntos periodistas de investigación metidos a empresarios para tender una trampa, según la denuncia, se produce justo cuando la investigación judicial del caso Fabra -ralentizada por el relevo de ocho jueces y cuatro fiscales y la estrategia dilatoria de la causa seguida por la defensa- se ha reactivado con la irrupción en escena de los peritos de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción para repasar con lupa los ingresos en cuentas del presidente de la Diputación de Castelló y sus familiares. Este último capítulo de los presuntos cazadores cazados empezó a escribirse el lunes 3 de noviembre, cuando, a eso de las 13 horas, acudieron al despacho profesional Latorre Iuris, donde trabaja Vera, dos personas que se identificaron, en conversación con la secretaria, como Alberto S. P. y Raúl B. Al no poder se atendidos, dejaron una tarjeta de visita en la que Alberto S. P. aparecía como gerente de la empresa FG Facsoil Group, ubicada en la Calle Alberto Marjo, nº 36 de Ciudad Real, distrito postal 13.500. S. P. es empleado de Intereconomía, según fuentes de la investigación, que no confirmaron la identidad de Raúl B. El pretexto de la visita al despacho era contratar a Vera como asesor jurídico de la empresa, que, según dijeron iba a trasladarse a Valencia. Al recibir el recado de la secretaria, Vera llamó a Raúl B. por teléfono y éste le informó del interés que su empresa tenía en contratarle y que acudían a él por «recomendación de Tomás y Valiente». Las dos partes quedaron en verse al día siguiente, ayer, a las 8,30 horas, en la cafetería del Valencia Palace, donde los supuestos empresarios decían alojarse. Sospechas y dispositivo policialPronto sospechó José Luis Vera de las intenciones de los inesperados clientes. Cuando comprobó que la empresa no existía, las identidades no correspondían a ningún administrador y el código postal era de Puertollano. La alusión a Tomás y Valiente, con cuyo padre -asesinado por ETA- Vera tenía una buena relación tampoco le cuadró. Menos que la visita llegara después de que determinados medios publicaran una extraña investigación del fiscal sobre facturas de la construcción de la casa que el letrado y su mujer -la ex diputada y combativa socialista Maria Antonia Armengol- tienen en Siete Aguas. Por eso Vera alertó a la policía judicial la noche del lunes. Y se montó el dispositivo que se saldó con la intervención de los agentes para desbaratar el montaje.Pese a los reiterados intentos de este diario de recabar la versión de Intereconomía TV sobre lo ocurrido, nadie de la emisora quiso dar una explicación, pese a que se comprometieron a hacerlo.Intereconomía regresa a la escenaEl letrado José Luis Vera ha aparecido en un par de ocasiones en el programa Caiga quien Caiga, que emite La Sexta, y que ha dedicado varios reportajes al caso Fabra, como paradigma de la lentitud de la justicia en España. En ambos casos, Vera se ha limitado a explicar, como letrado de la Unión de Consumidores, los delitos de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló y los motivos que han ralentizado el proceso. En un momento de la conversación de ayer, antes de intervenir la policía, quien simulaba ser gerente de Facsoil Group, llegó a preguntar a Vera, como si fuera a título de curiosidad, por su intervención en ese programa. Lo que no comentó es que Intereconomía TV tuvo un papel estelar cuando cuatro empleados de la emisora se desplazaron a Castelló para evitar que una reportera del CQC interrogara a Fabra al acabar un pleno. Uno de los que iban ataviados con gorra y gafas de sol era José Antonio Expósito, según el diario «Público». Expósito fue guardaespaldas de Tamayo y Sáez, los tránsfugas que impidieron el gobierno socialista en Madrid en 2003.

Una cuenta personal de Fabra refleja decenas de miles de euros sin justificar. EL PAIS

Decenas de cheques e ingresos en efectivo por cantidades de entre 12.000 y 100.000 euros (a veces en un mismo mes) figuran en los extractos de una de las decenas de cuentas bancarias en las que figura como titular o autorizado Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia. La cuenta analizada -de momento sólo en los ejercicios 2000 y 2001, aunque la documentación requisada alcanza hasta 2004- corresponde al banco más próximo al domicilio de Fabra. Estaba a nombre del líder del PP y de su mujer, y en ella ingresaban ambos cada mes sus respectivas nóminas, según fuentes de la investigación.

La cuenta es la misma cuyo análisis ya dio resultados muy comprometedores para el dirigente popular en el ejercicio de 1999, por el que fue imputado por delito fiscal al no declarar a Hacienda ingresos superiores a 600.000 euros, cuyo origen no ha podido justificar hasta el momento.
Éste es uno de los primeros datos que ya obran en la investigación que Anticorrupción puso en marcha hace poco más de un mes para aclarar el origen de seis millones de euros que, según la Fiscalía, Fabra no ha justificado. Anticorrupción requisó la documentación de una veintena de entidades bancarias de Castellón donde Fabra tenía cuentas corrientes.
El presidente de la Diputación de Castellón está imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude fiscal. Esta imputación se basa en la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia presentada por Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios que, supuestamente, pagaba a Fabra comisiones ilegales a cambio de que el presidente de la Diputación Provincial de Castellón presionase a ministros y secretarios de Estado del entonces Gobierno de José María Aznar para conseguir autorizaciones de Agricultura y Sanidad.
En medio de esa investigación, la Agencia Tributaria destapó un delito fiscal que habría cometido Fabra al no declarar a Hacienda en 1999 ingresos por más de 600.000 euros, cuyo origen todavía hoy se desconoce.
La investigación en marcha ha descubierto que los extractos bancarios de la cuenta citada registran mensualmente los ingresos por nóminas de Fabra (algo más de 2.700 euros) y de su esposa (1.500 euros) y, además, ingresos en efectivo o por cheques con cantidades muy superiores.
El presidente del PP de Castellón, según la documentación requisada, contrató un crédito junto a su hija (hoy diputada nacional del PP) por 648.000 euros que le obligaba a abonar cada trimestre 14.104 euros (4.700 al mes) para pagar la compra de una vivienda.
La documentación recabada por Anticorrupción recoge también los gastos de una tarjeta de crédito American Express que Fabra compartía con su mujer. En uno de los meses que se han analizado figuran cargos por valor de 18.000 euros (los ingresos mensuales de ambos eran de 4.200 euros) por compra de muebles, ropa, zapatos y comidas en restaurantes de Madrid, una de ellas por valor de 600 euros. Uno de los restaurantes que aparece entre los pagos con la tarjeta de crédito es el que supuestamente utilizaba Fabra para comer con las personas que le podían facilitar las autorizaciones para fabricar fitosanitarios, según denunció el empresario Vicente Vilar en su día ante el juez. Vilar llegó a relatar en los juzgados que en ese restaurante se pagaron miles de euros a personas que podían intermediar para lograr las autorizaciones correspondientes.
Pese a estos hechos, el Partido Popular no ha abierto aún expediente disciplinario a Fabra, en contra de lo que establece el código ético del propio partido. Tanto Mariano Rajoy como Francisco Camps, respectivamente líderes del PP nacional y valenciano, han ensalzado en varias ocasiones de manera pública al presidente de la Diputación de Castellón.
La única respuesta que Fabra ha dado sobre sus ingresos a la oposición llegó anteayer por escrito, cuando sugirió que muchas de las cuentas corrientes cuya propiedad se le atribuye son en realidad de la Diputación Provincial de Castellón y, por tanto, los ingresos no son suyos. La cuenta analizada por Anticorrupción donde figuran ingresos muy superiores a su salario es la que comparte con su mujer en la sucursal más próxima a su domicilio.
Por otro lado, la investigación que encabeza el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha tenido mucho cuidado en excluir de su ámbito de pesquisas todas aquellas cuentas relacionadas con la actividad institucional de Fabra. Por tanto, los datos inquietantes que salen de la primera lectura de sus numerosas cuentas -más de 15 millones de euros movidos entre 1999 y 2004 y casi la mitad con origen desconocido o injustificado- se refieren exclusivamente a las que posee en solitario o comparte con sus parientes directos.