martes, 30 de septiembre de 2008

El portavoz socialista en la Diputación de Castellón dice que Fabra no puede seguir si no contesta sobre sus cuentas

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer, aseguró hoy al presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra, que "no puede permanecer al frente de la institución ni un minuto más si no contesta a las preguntas sobre sus cuentas bancarias, puesto que no tiene legitimidad".
Colomer realizó estas afirmaciones durante el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación, en el que preguntó a Carlos Fabra si tiene algo qué decir "sobre las informaciones publicadas el 26 de septiembre respecto a que entre 1999 y 2004 ingresó muchos millones y 6 de ellos no estas justificados", sobre "quién le ingresó tantos millones y a cambio de qué", si "es normal que tenga que ir la Policía acompañando a los peritos de Hacienda para conocer sus ingresos", y si "no cree que un cargo público debe responder en caso de que haya dudas".
Fabra indicó que, acogiéndose a su derecho, tal y como recoge el reglamento de la Diputación, contestaría al portavoz socialista por escrito, tras lo que Colomer le trasladó si "le parece normal no contestar a estas preguntas tan elementales en vivo y en directo".
Una vez concluida la sesión plenaria, y tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre si es inocente o culpable, el presidente de la Diputación señaló que "soy inocente mientras no se determine lo contrario, pues todos los españoles son inocentes mientras no se deduce lo contrario, y eso no se deducirá aquí, sino en los juzgados".
Entre los asuntos más importantes aprobados en el pleno se encuentra una moción del grupo popular sobre vulnerabilidad financiera de los municipios ante la crisis económica, que contó con el voto en contra de los socialistas. Por contra, el grupo popular rechazó una moción del grupo socialista sobre financiación local.
La moción aprobada insta a reclamar al Gobierno central un acuerdo simultáneo y vinculado con las comunidades autónomas y los entes locales para la reforma urgente de la financión local paralela a la de financiación autonómica y para establecer las bases del Pacto Local.
Además, insta al Gobierno para que la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aborde "definitivamente" la delimitación precisa de las competencias de los ayuntamientos y diputaciones provinciales "al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias", y exige al Ejecutivo central la creación "urgente" de un Consejo Local de Política Financiera, en el que participarán la FEMP, los seis mayores municipios de España y una representación de municipios medianos y pequeños para tratar temas de interés bilateral.