lunes, 10 de noviembre de 2008

Anticorrupción investiga 28 facturas por 429.878 euros de empresas para Fabra

J. Antequera, Castelló LEVANTE
La Fiscalía Anticorrupción sigue la pista de una treintena de facturas por un importe de 429.878 euros (unos 71,5 millones de pesetas) que empresas de Castelló libraron, entre 2001 y 2003, a nombre de Carmacas SL, la asesoría jurídica del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, según informaron fuentes judiciales. Las facturas han quedado registradas en el diario contable de Carmacas, que está siendo para los inspectores de Hacienda asignados al caso un auténtico banco de datos sobre la actividad empresarial del presidente castellonense. Los expertos de la Fiscalía se centran ahora en averiguar en qué concepto ingresó Fabra tales cantidades millonarias. La documentación que obra en poder de los peritos recoge al menos 28 facturas libradas a nombre de Carmacas entre los años 2001 y 2003. Al menos cinco empresarios de la provincia habrían realizado pagos a la asesoría jurídica de Carlos Fabra, quien en su declaración como imputado ante la juez de Nules aseguró que los ingresos se debieron a informes técnicos que elaboró para empresas privadas. En algunas ocasiones, estos informes que Fabra realizaba estaban copiados de Internet, según ha informado Levante de Castelló en pasadas ediciones.En el año 2001, Cottocer firmó 3 facturas por 13.943 euros a Carmacas, que se recogen en el balance de la asesoría. Además, la azulejera giró otras tres facturas en el año 2002 y cuatro más en el ejercicio siguiente. En total, 140.000 euros. Otra empresa que tuvo negocios con Carmacas fue Tirado Asociados. Esta sociedad libró 5 facturas entre julio del año 2001 y enero de 2003. El importe total de las transacciones económicas se eleva a 9.321 euros.Fuentes de ingresosDurante esos años otra gran fuente de ingresos para Carlos Fabra fue la Unión de Mutuas, tal y como se recoge en el diario contable de Carmacas. Esta entidad pagó, mediante 9 facturas, 106.897 euros en concepto de honorarios profesionales del presidente de la diputación, que ha venido compatibilizando su cargo político con el trabajo como profesional de los seguros y del Derecho. Otra de las firmas que aparece en el "haber y debe" de Carmacas es Libel XXI, que libró 2 facturas importantes (una por 60.000 euros y otra más por 30.000) entre marzo y agosto del año 2001.La lista de empresas pagadoras de Carmacas se completa con Naranjax SL, la sociedad del industrial Vicente Vilar. En este caso, el diario contable de Carmacas recoge 2 facturas "a cobrar" de esta sociedad por importe de 83.660 euros (unos 15 millones de pesetas). Vilar es el industrial que a finales del año 2003 se querelló contra Carlos Fabra y le acusó de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos.Además, el libro de contabilidad de la asesoría del líder provincial del PP refleja un saldo pendiente de 27.000 euros que la empresa Artemis 2000 le debe a Carmacas. Artemis es la empresa que fundaron, al cincuenta por ciento, María Amparo Fernández y Motserrat Vives, en aquellas fechas esposas de Fabra y Vilar, respectivamente, para canalizar las licencias de comercialización de un largo elenco de productos insecticidas agrícolas. En sus declaraciones como imputado, Vilar ha confesado que Fabra medió por estos productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de lograr los permisos oportunos y agilizar la venta al máximo.Informe antes de NavidadToda la documentación está en manos de los peritos de Anticorrupción, que trabajan para ultimar la prueba pericial sobre las cuentas de Fabra y su familia. Los investigadores pretenden entregar este informe en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye las diligencias, antes de Navidad.Fabra y otros seis ex altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública. El presidente de la diputación figura como imputado, además, en un delito de fraude fiscal, al haber dejado de declarar en el IRPF del año 99 supuestos ingresos sin justificar por 600.000 euros.