El próximo pleno de la Diputación de Castellón que se celebrará el martes prevé ser todo menos tranquilo. De nuevo, el grupo socialista volverá a poner sobre la mesa el caso Fabra. La última sesión plenaria ya fue tensa, puesto que se abordó el insulto que el líder provincial del PP, Carlos Fabra, vertió sobre el portavoz socialista, Francesc Colomer, en la sesión anterior, cuando también se habló sobre las causas judiciales a las que se enfrenta el presidente de la corporación provincial. En esta ocasión, el grupo socialista de la Diputación de Castellón propondrá que el pleno inste a la Conselleria de Justicia a asignar cuanto antes el personal de refuerzo y los medios materiales necesarios correspondientes a los nuevos jueces designados para los Juzgados de Nules, donde se instruye la causa abierta contra el presidente.El grupo, a través de su portavoz, Francesc Colomer, argumenta en la moción que la saturación de los juzgados de Nules ha generado una "gran inquietud" tanto a nivel social como institucional. "Todas las instituciones públicas del Estado con competencias en la materia han expresado su preocupación al respecto", explica.Colomer recuerda que para paliar esta situación, el Ministerio de Justicia ha autorizado recientemente la creación de dos plazas de juez de refuerzo para los juzgados de Nules, a petición del Consejo General del Poder Judicial. Durante esta semana el caso Fabra, que acumula casi cinco años de investigaciones, ha vuelto a la actualidad política. Como publicó LAS PROVINCIAS, la Policía Nacional se ha personado en distintas entidades bancarias para recoger la información sobre las cuentas del presidente de la corporación provincial. Fruto de ello se han sucedido numerosas declaraciones políticas.El diputado autonómico del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes Antoni Such emplazó al Consell a posicionarse sobre el retraso del procedimiento judicial. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió esta semana la presunción de inocencia y declaró que no le gustan las filtraciones de instrucciones judiciales en curso. En esta misma línea, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, aseguró que "determinadas informaciones" sobre el proceso "deberían mantenerse dentro del ámbito judicial".Por otro lado, el grupo parlamentario Compromís ha presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley en la que reclama la elaboración de un informe por parte de la Sindicatura de Comptes sobre el estado de las cuentas de la Diputación. La iniciativa se sustenta porque "la ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes, en su artículo número cinco otorga a la Sindicatura de Comptes el control de la gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, y en su artículo número 14 establece que la iniciativa fiscalizadora corresponde a la propia Sindicatura de Comptes y a las Cortes Valencianas".La propuesta, que firman Marina Albiol y Lluís Torró Gil, diputada y portavoz adjunto respectivamente, expone que "parece que la diputada provincial Esther Pallardó cobra los desplazamientos desde Burriana, donde es concejala, a la Diputación como si la distancia de ir y volver fuera de 55 kilómetros, cuando en realidad son la mitad".
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Este blog está creado para que todos los ciudadanos de Castellón estén totalmente informados de lo que acontece del "Caso Fabra"
En sus nueve años como presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra ha ido colocando peones en lugares estratégicos de decisión, más allá incluso del ámbito político. El Impiva, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), financiada por la Generalitat y gestora de préstamos para las pymes, o RTVV son algunos ejemplos. El dueño de la firma consultora Carmacas, SL., controla, como el gran hermano, hasta el respiro de una mosca en el lugar más recóndito de la provincia de Castelló.
Allá por el verano de 1993, Eduardo Zaplana acumulaba dos trienios de militante en la causa popular y llevaba casi dos años de alcalde de Benidorm por incidente. Para un político hiperactivo había llegado la hora de cambiar de aires. Si se tienen 37 años y se quiere llegar lejos no es cuestión de perderse en escalas previas. Por eso Zaplana buscó el atajo y puso sus miras en el Palau de la Generalitat. Para ser candidato había que alcanzar antes la presidencia del partido.
En la operación de prejubilar a Pedro Agramunt al frente del PP valenciano, Zaplana miró el mapa de ruta y pronto detectó que para acometer el asalto necesitaba la complicidad del virrey de la demarcación norte: Carlos Fabra Carreras. Entonces no acumulaba tanto poder como ahora, ni poseía la colección inmobiliaria que hoy adorna su patrimonio, pero ya había pulido sus dotes innatas para la sugestión. Casi tantas como las que atesora Zaplana. Recién conquistada la presidencia del PP de Castelló, al tercer intento, Fabra agasajó como anfitrión a Zaplana en una comida en el restaurante Mare Nostrum del Grau de Castelló. El restaurante pertenece aún a Cocina Riojana de Vanguardia,
S. L., firma de la que Fabra y su mujer, Amparo Fernández, son administradores. A tenor de como se precipitaron los acontecimientos, parece que Fabra avaló al alcalde. El 26 de septiembre de 1993, Zaplana alcanzó la presidencia del PP.
Once años después, Zaplana ha prosperado mucho en el escalafón político. Fabra no ha crecido menos, pero en horizontal. «Casi nada en la provincia de Castellón escapa a su control». Lo proclamó un periodista amigo de Fabra y de Aznar y contertulio de ambos en la cálidas noches de les Platgetes, en Orpesa, llamado Luis Herrero.
Fabra, como el Fadrí, es endógeno al hábitat de Castelló. Lo de ser presidente de su diputación (desde 1995) le viene de casta. Su padre, su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo ya ocuparon ese mismo cargo. Lejos de arruinar el modelo ha mejorado de sus antepasados, ha mejorado el mando férreo sobre todos los rincones de su jurisdicción. Tiene muchos peones que le permiten detectar el suspiro de una mosca y, si se tercia, orientar su vuelo. Con su mujer, María Amparo Fernández, mantiene un régimen de separación de bienes, aunque, según él mismo reconoció, no de intereses. Su mujer cobra desde abril de 2000 de Unión de Mutuas, de la que Fabra es consejero al menos desde 1995, según consta en el registro de intereses de los cargos públicos.
Unión de Mutuas contrata seguros médicos con la propia corporación provincial. La esposa de Fabra fue consejera de Aparthoteles La Coma desde el 5 de noviembre de 1997 hasta el 30 de mayo de 2001. El domicilio social de esta empresa, calle Moyano, 8, con el de Marina D´Or-Loger, cuyo administrador único es Jesús Ger, amigo de Fabra. La oposición ha denunciado reiteradamente el supuesto trato de favor dispensado desde la Diputación de Castelló a los intereses urbanísticos de Ger.
El presidente del PP de Castelló tendió puentes con Canal 9. Nunca le ha faltado un embajador en su consejo de administración. Víctor Campos dejó su sillón el órgano de gobierno para ser conseller de Justicia, destino desde el que no ha escatimado muestras de cariño hacia su valedor político.
Tiene mano en RTVV
Cuando, en 1999, el alcalde de Castelló, José Luis Gimeno, dejó a un hermano del presidente del PP castellonense fuera de la candidatura municipal, éste le buscó un sitio a José Alberto Fabra en el consejo de RTVV. Allí sigue quien fue apoderado de BNP en España.
No menos efusivos que Campos en su apoyo a Fabra fueron José Roca y Rafael Montero, presidente y secretario, respectivamente, de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC).
Tanto se entusiasmaron en la defensa que, el pasado 21 de enero hicieron una adaptación libre de un comunicado de la CEC de respaldo a Fabra, «el personaje político más destacado de la provincia». A los elogios al presidente provincial («destacado valedor de la provincia» con «irrenunciable vocación de servicio») sumaron un aliño de diatribas contra Vicente Vilar, impulsor de las querellas contra Fabra. Lo llamaron «personaje con trayectoria presuntamente irregular». Directivos de la CEC explicaron que eso fue cosecha propia del dúo Roca-Montero. El segundo es, además, consejero de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana y el primero la preside en Castelló. La SGR nació bajo el patrocinio de la Generalitat socialista en un intento de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes) la solución a los problemas con los que se enfrentaban para obtener créditos, tanto por sus dificultades para poder avalar el préstamo como a la hora de negociar tipos de interés preferenciales con los bancos. La SGR cobra al empresario los gastos por las gestiones y por dar la cara por él ante el banco al ofrecer el aval solidario de todas las pymes.
Afines y algo más
Roca y Montero están considerados personas próximas a Fabra. Más lo es Jorge Fernández Blanes, cuñado del presidente provincial. Es director de la SGR en Castelló. Esta sociedad, que gestiona los préstamos a las empresas en condiciones preferenciales, está financiada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que ofrece cobertura al riesgo de las operaciones. En el ejercicio de 2002, el IVF aportó 1,6 millones de euros solamente para hacer frente a los fallidos por créditos reavalados. La cantidad corresponde al 40% de los préstamos que no se devolvieron y que, según el contrato suscrito el 14 de enero de 2000 entre el IVF y la SGR, correspondía satisfacer al instituto público.
Carlos Fabra es dueño de Carmacas, S. L., la firma consultora desde la que ha reconocido que asesora a empresarios y a través de la cual cobró (según su testimonio ante la jueza) a Artemis 2000, que comercializaba los productos de Vicente Vilar, por realizar informes. El dueño de Carmacas tiene a su primo Luis Carlos Fabra colocado como directivo del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) en Castelló. Antes, estuvo en el consejo de Castellón TV y Castellón Diario. Cuñado, primo y Carlos Fabra Carrera son, en cierto modo, colegas. Al fin y al cabo Carmacas ,S. L., es una pyme.
(*) Publicado en el periódico Levante.06.02.04
http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/Caso%20Fabra/casodonfabricio4.html
Allá por el verano de 1993, Eduardo Zaplana acumulaba dos trienios de militante en la causa popular y llevaba casi dos años de alcalde de Benidorm por incidente. Para un político hiperactivo había llegado la hora de cambiar de aires. Si se tienen 37 años y se quiere llegar lejos no es cuestión de perderse en escalas previas. Por eso Zaplana buscó el atajo y puso sus miras en el Palau de la Generalitat. Para ser candidato había que alcanzar antes la presidencia del partido.
En la operación de prejubilar a Pedro Agramunt al frente del PP valenciano, Zaplana miró el mapa de ruta y pronto detectó que para acometer el asalto necesitaba la complicidad del virrey de la demarcación norte: Carlos Fabra Carreras. Entonces no acumulaba tanto poder como ahora, ni poseía la colección inmobiliaria que hoy adorna su patrimonio, pero ya había pulido sus dotes innatas para la sugestión. Casi tantas como las que atesora Zaplana. Recién conquistada la presidencia del PP de Castelló, al tercer intento, Fabra agasajó como anfitrión a Zaplana en una comida en el restaurante Mare Nostrum del Grau de Castelló. El restaurante pertenece aún a Cocina Riojana de Vanguardia,
S. L., firma de la que Fabra y su mujer, Amparo Fernández, son administradores. A tenor de como se precipitaron los acontecimientos, parece que Fabra avaló al alcalde. El 26 de septiembre de 1993, Zaplana alcanzó la presidencia del PP.
Once años después, Zaplana ha prosperado mucho en el escalafón político. Fabra no ha crecido menos, pero en horizontal. «Casi nada en la provincia de Castellón escapa a su control». Lo proclamó un periodista amigo de Fabra y de Aznar y contertulio de ambos en la cálidas noches de les Platgetes, en Orpesa, llamado Luis Herrero.
Fabra, como el Fadrí, es endógeno al hábitat de Castelló. Lo de ser presidente de su diputación (desde 1995) le viene de casta. Su padre, su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo ya ocuparon ese mismo cargo. Lejos de arruinar el modelo ha mejorado de sus antepasados, ha mejorado el mando férreo sobre todos los rincones de su jurisdicción. Tiene muchos peones que le permiten detectar el suspiro de una mosca y, si se tercia, orientar su vuelo. Con su mujer, María Amparo Fernández, mantiene un régimen de separación de bienes, aunque, según él mismo reconoció, no de intereses. Su mujer cobra desde abril de 2000 de Unión de Mutuas, de la que Fabra es consejero al menos desde 1995, según consta en el registro de intereses de los cargos públicos.
Unión de Mutuas contrata seguros médicos con la propia corporación provincial. La esposa de Fabra fue consejera de Aparthoteles La Coma desde el 5 de noviembre de 1997 hasta el 30 de mayo de 2001. El domicilio social de esta empresa, calle Moyano, 8, con el de Marina D´Or-Loger, cuyo administrador único es Jesús Ger, amigo de Fabra. La oposición ha denunciado reiteradamente el supuesto trato de favor dispensado desde la Diputación de Castelló a los intereses urbanísticos de Ger.
El presidente del PP de Castelló tendió puentes con Canal 9. Nunca le ha faltado un embajador en su consejo de administración. Víctor Campos dejó su sillón el órgano de gobierno para ser conseller de Justicia, destino desde el que no ha escatimado muestras de cariño hacia su valedor político.
Tiene mano en RTVV
Cuando, en 1999, el alcalde de Castelló, José Luis Gimeno, dejó a un hermano del presidente del PP castellonense fuera de la candidatura municipal, éste le buscó un sitio a José Alberto Fabra en el consejo de RTVV. Allí sigue quien fue apoderado de BNP en España.
No menos efusivos que Campos en su apoyo a Fabra fueron José Roca y Rafael Montero, presidente y secretario, respectivamente, de la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC).
Tanto se entusiasmaron en la defensa que, el pasado 21 de enero hicieron una adaptación libre de un comunicado de la CEC de respaldo a Fabra, «el personaje político más destacado de la provincia». A los elogios al presidente provincial («destacado valedor de la provincia» con «irrenunciable vocación de servicio») sumaron un aliño de diatribas contra Vicente Vilar, impulsor de las querellas contra Fabra. Lo llamaron «personaje con trayectoria presuntamente irregular». Directivos de la CEC explicaron que eso fue cosecha propia del dúo Roca-Montero. El segundo es, además, consejero de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana y el primero la preside en Castelló. La SGR nació bajo el patrocinio de la Generalitat socialista en un intento de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes) la solución a los problemas con los que se enfrentaban para obtener créditos, tanto por sus dificultades para poder avalar el préstamo como a la hora de negociar tipos de interés preferenciales con los bancos. La SGR cobra al empresario los gastos por las gestiones y por dar la cara por él ante el banco al ofrecer el aval solidario de todas las pymes.
Afines y algo más
Roca y Montero están considerados personas próximas a Fabra. Más lo es Jorge Fernández Blanes, cuñado del presidente provincial. Es director de la SGR en Castelló. Esta sociedad, que gestiona los préstamos a las empresas en condiciones preferenciales, está financiada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que ofrece cobertura al riesgo de las operaciones. En el ejercicio de 2002, el IVF aportó 1,6 millones de euros solamente para hacer frente a los fallidos por créditos reavalados. La cantidad corresponde al 40% de los préstamos que no se devolvieron y que, según el contrato suscrito el 14 de enero de 2000 entre el IVF y la SGR, correspondía satisfacer al instituto público.
Carlos Fabra es dueño de Carmacas, S. L., la firma consultora desde la que ha reconocido que asesora a empresarios y a través de la cual cobró (según su testimonio ante la jueza) a Artemis 2000, que comercializaba los productos de Vicente Vilar, por realizar informes. El dueño de Carmacas tiene a su primo Luis Carlos Fabra colocado como directivo del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) en Castelló. Antes, estuvo en el consejo de Castellón TV y Castellón Diario. Cuñado, primo y Carlos Fabra Carrera son, en cierto modo, colegas. Al fin y al cabo Carmacas ,S. L., es una pyme.
(*) Publicado en el periódico Levante.06.02.04
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